Los intereses económicos tras las vacunas

Estos días estamos viviendo una situación surrealista en toda Europa sobre el tema de la seguridad en la inoculación de las dosis de ciertas vacunas. Algunos dirigentes políticos y ciertos medios de comunicación han puesto en su punto de mira a AstraZeneca, alegando que puede ocasionar trombos en determinados pacientes, y consiguiendo la paralización en la pauta de vacunación con este compuesto, aunque con informes contradictorios por parte de autoridades sanitarias y científicas. Pero antes de profundizar en el asunto de las vacunas contra la Covid, me gustaría repasar algunos detalles de la historia más reciente de las grandes empresas farmacéuticas mundiales sobre la materia de las patentes en algunos medicamentos, para tener así una visión más clara de cuáles son los precedentes en los que nos movemos.

Uno de los caballos de batalla más importantes durante las últimas décadas ha sido el tratamiento contra el SIDA. En el año 2000, la combinación de antirretrovirales estaba suponiendo un coste de 10.000 dólares por paciente y año. Dos años más tarde, gracias a los genéricos, el coste descendió a 130 dólares. Pero Novartis, el gigante farmacéutico suizo, junto con otras 38 compañías, demandó al gobierno de Sudáfrica para impedir que importase esos tratamientos más baratos. Finalmente, la presión de la sociedad civil obligó a retirar el recurso, pero el problema ha persistido en el tiempo. En el año 2010, de los 14,2 millones de personas que precisaban tratamiento, sólo lo recibían 6,6 millones. Según la ONG ‘Unitaid’, 1,8 murieron de SIDA ese año, entre ellos 250.000 menores.

India es el mayor productor y exportador de medicamentos genéricos a bajo coste, vendiendo a los países empobrecidos dos tercios del monto total, gracias a la Ley de Patentes del gobierno de este país. Dicha ley fue puesta en tela de juicio por Novartis en 2006, cuando el gobierno asiático prohibió que se pudiera patentar ‘Glivec’, medicamento contra el cáncer, cuyo genérico disminuye en 13 veces el coste inicial del tratamiento. Años más tarde, en 2013, el Tribunal Supremo de la India fallaba contra la apelación de la farmacéutica, cuyo desprestigio se incrementó a marchas forzadas en el mundo entero.

Pfizer, protagonista de una de las vacunas contra el coronavirus, también ha estado en el ojo del huracán. En el año 2010, los papeles de Wikileaks demostraron que la multinacional farmacéutica había conspirado en Nigeria para evitar un juicio por la muerte de 11 niños y las secuelas en un centenar debido a un ensayo contra la meningitis. The Washington Post investigó la tragedia y llegó a la conclusión de que Pfizer había transgredido toda consideración ética y había usado a los menores como cobayas. Por si esto fuera poco, la empresa contrató detectives para desprestigiar al fiscal del caso, lo obligó a dimitir y llegó a un acuerdo económico con el gobierno nigeriano.

El mismo periódico estadounidense ha revelado en 2019 que Pfizer ha ocultado el descubrimiento de un medicamento que podría reducir el riesgo de contraer la enfermedad de Alzheimer en un 64%. El motivo es que los ensayos clínicos eran muy caros y el producto en cuestión no iba a generar el beneficio económico deseado. Sin embargo, la vacuna contra la Covid sí está resultando altamente onerosa, hasta el punto de que el CEO de Pfizer, Albert Boula, vendió el 9 de noviembre un 62% de sus acciones de la compañía justo cuando se anunció el éxito de la investigación. En esta transacción obtuvo la nada modesta cifra de 4.727 millones de euros.

En conclusión, el sector farmacéutico a nivel global está en manos de grandes corporaciones privadas que, como no podía ser de otra manera, tienen como objetivo fundamental la maximización de su beneficio particular. Hay que dar las gracias a los equipos científicos que desarrollan los medicamentos, pero es una lógica atroz la que conduce a la competencia entre estas compañías, por no hablar de las prácticas criminales antes mencionadas. Si hay un sector económico que debería estar en manos del sector público es éste, ya que nadie duda de que la cooperación es un elemento fundamental a la hora de mejorar la investigación, y tampoco puede cuestionarse que la salud pública mundial es un asunto de interés general.

En este contexto, aparecen las dudas sobre la vacuna de AstraZeneca, empresa que por cierto también ha tenido sus controversias, obligada a pagar una indemnización por fraude a las autoridades sanitarias de Estados Unidos en 2011. La cuestión es que se ha generado un alarmismo totalmente exagerado sobre la posibilidad de aparición de trombos a consecuencia de esta vacuna, que no llegan a los 10 casos por millón de dosis, mientras que otros medicamentos como la píldora abortiva superan los 500 casos. Además, en caso de contraer la Covid el número se multiplica hasta los 165.000 casos.

Pese a la débil evidencia científica acumulada, el pasado mes de marzo varios gobiernos europeos suspendieron la vacunación con Astrazeneca, apelando al principio de precaución, cuando llevaban meses saltándose sistemáticamente este principio en aras de una supuesta mejora económica que tampoco se ha producido. El día después de la suspensión por parte de estados como el español, Bruselas y Pfizer acordaron adelantar la entrega de 10 millones de vacunas. La guerra comercial es evidente y el ganador es claro, como refleja el siguiente titular de El Economista: “Pfizer ingresará 37.000 millones por su vacuna tras conquistar Europa”.

A finales de abril, la Agencia Europea del Medicamento ha concluido que es seguro continuar con la vacunación de AstraZeneca, dado que los beneficios son enormemente superiores a los riesgos. Sin embargo, el gobierno español y las Comunidades Autónomas, no sin discrepancias, han decidido hacer caso omiso a la recomendación de los expertos y han aplazado un mes la toma de la decisión sobre la segunda dosis, ignorando de paso el prospecto de la vacuna. De hecho, esta dilación se produce por un hecho muy simple: la decisión ya está tomada y la pauta se completará con Pfizer, no por motivos científicos sino por razones políticas. El estudio interno que se va a realizar sobre la compatibilidad de ambas marcas no es sino la excusa ante una política de hechos consumados.

Mientras tanto, la mayoría de expertos han solicitado que se siga con la segunda dosis de Astrazenaca. No se les ha hecho caso. También acaban de pedir espaciar más en el tiempo las dosis de Pfizer y Moderna, para tener de este modo más personas vacunadas al menos con una de las dosis. De momento, tampoco se les ha escuchado. La política, nuevamente, está de espaldas a la ciencia y sirviendo a los intereses de la multinacional farmacéutica con los lobbies más poderosos.

Publicado en Debate Callejero, 6 de mayo de 2021