La falta de credibilidad del sistema judicial español

Mucho se ha escrito ya sobre las insuficiencias del sistema judicial español, pero durante estas últimas semanas hemos sufrido dos situaciones realmente esperpénticas que contribuyen a socavar aún más si cabe su escasa credibilidad. Si la división de poderes es uno de los sustentos de una supuesta democracia, en España estamos bastante lejos de que este principio se cumpla de manera adecuada.

La primera de estas decisiones judiciales viene del Tribunal Constitucional, que como ya sabemos no dispone de todos sus miembros, pues hay una vacante no sustituida, y además cuatro de sus magistrados dictan sentencias con el mandato caducado. Todo esto ocurre por el bloqueo del PP a facilitar su renovación. Obsérvese la paradoja de que ya no son el ejecutivo o el legislativo los poderes que impiden el buen funcionamiento del máximo tribunal, sino el principal partido de la oposición.

La decisión en cuestión es que se ha declarado inconstitucional el primer estado de alarma que propició un confinamiento imprescindible en el momento más duro de la pandemia. Esta acción política, aunque llegó tarde, salvó miles de vidas, pero de manera incomprensible la mayoría del Tribunal Constitucional la ha anulado varios meses más tarde por una votación en su seno de 6 a 5, que casi parece más un resultado deportivo que otra cosa. España se convierte en el único país del mundo que hace una barbaridad semejante, en contra de toda lógica y, como viene siendo habitual, de toda evidencia científica. Además, esta declaración de inconstitucionalidad llega meses después de la aplicación de la norma, y sólo sirve para anular las multas de las personas incívicas que pusieron en riesgo la salud pública del país. Todo un ejemplo de lo que no ha de hacer el sistema judicial para tener un mínimo de credibilidad entre la población.

Pero esta semana nos hemos topado con otra decisión que supera lo que pudiera haber imaginado el mismísimo Valle Inclán. El juzgado de instrucción número 12 de Palma acaba de imputar a la directora general de Salud Pública de Balears por “detención ilegal” al decretar el confinamiento de estudiantes que celebraban macrofiestas de fin de curso en Mallorca. Aunque la capacidad de sorpresa ante las decisiones judiciales ya debería estar bajo mínimos, debo reconocer que tuve que leer dos veces el titular porque en esta ocasión se han superado todos los límites del sentido común. No voy a calificar al juzgado en cuestión, porque ya lo hace solo. Simplemente quiero apuntar la caradura y falta de sentido cívico de las familias que interpusieron la denuncia, que en lugar de reconocer la insensatez de sus vástagos, han defendido las graves transgresiones de los mismos.

A estos dos ejemplos se suman otros muchos. como las decisiones contradictorias de los diferentes tribunales autonómicos a la hora de validar determinadas restricciones. Lo que era perfectamente legal en un territorio no lo era en otro. De este modo, la actuación de eso que llamamos justicia se convertía en algo aleatorio, en una moneda al aire, en un juego de azar sobre el que podían realizarse apuestas previas. A la hora de la verdad, cuando la comunidad de expertas y científicas era excepcionalmente escuchada por las autoridades políticas, llegaban algunos magistrados y tumbaban la decisión, convirtiéndose en el poder único, supremo y arbitrario en la toma de decisiones políticas de salud pública.

Si continuamos con este despropósito, no me extrañaría ver a algunos juzgados imputando a doctores y científicos por hacer, por ejemplo, apología de medidas inconstitucionales. El espíritu de la Santa Inquisición anida demasiado vivo en las ánimas de algunas señorías. De hecho, los ejemplos de despropósitos judiciales en los últimos años son innumerables. Por ejemplo, la imputación del juez Garzón por investigar delitos del franquismo, la prisión decretada a algunos cantantes por las letras de sus canciones, o la manera de judicializar problemas políticos como los conflictos vasco y catalán, aunque luego los tribunales europeos acaben desautorizando a los españoles.

Está en juego la credibilidad del sistema judicial español. Estoy convencido de que gran parte de sus jueces y magistradas son personas honestas, profesionales y rigurosas. Pero hay determinadas actitudes que cuestionan el carácter democrático en la aplicación de muchas normas, hecho que genera una enorme indefensión en la ciudadanía y que propicia una imagen nefasta del sistema español. La gran pregunta es quién puede garantizar una independencia del poder judicial que en demasiadas ocasiones brilla por su ausencia.

Publicado en Debate Callejero, 23 de julio de 2021