Contra el no aislamiento de los positivos y el silencio de los grandes partidos

La Comisión de Salud Pública aprobó este martes 22 una nueva estrategia frente a la Covid-19. El punto más polémico y destacado dice así:

“En relación al control de la COVID-19 en la población general, los casos confirmados leves y asintomáticos no realizarán aislamiento y los contactos estrechos no realizarán cuarentena. En este sentido, se emitirán recomendaciones dirigidas a las medidas preventivas como la utilización de mascarilla en todos los ámbitos y evitar contacto con personas vulnerables”.

Por tanto, las personas que tienen la enfermedad leve o asintomática no deben aislarse y pueden acudir a su centro de trabajo. Esta propuesta es disparatada, ya que todo el mundo sabe que estas personas pueden contagiar el virus. Las cuarentenas son una de las medidas más efectivas contra la expansión de la pandemia, todavía estamos lejos de llegar a cifras de incidencia que nos permitan relajar esta medida y la covid persistente es una lacra que afecta cada vez a más población.

Detrás de esta propuesta se encuentran los intereses empresariales que desean una reducción de las bajas laborales por covid. Una vez más, se acatan las demandas de los sectores más fuertes de la economía a costa de la salud del conjunto de la población. Muchas empresas sin escrúpulos podrán exigir la asistencia de personas infectadas, y ni siquiera deberán informar al resto del personal.

Comentario aparte merece el absoluto desprecio hacia los más vulnerables. Sanidad dice que se emitirán recomendaciones (en un futuro indeterminado), y dimiten de la obligación que tienen las instituciones públicas a la hora de proteger a los colectivos como las personas mayores o aquellos que padecen enfermedades crónicas. Es inadmisible que queden sin especificar las medidas de prevención en este ámbito, y todo quede a expensas de las decisiones individuales.

Además, las pruebas diagnósticas se centrarán solo en personas con factores de vulnerabilidad (mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas), ámbitos vulnerables (sanitarios y sociosanitarios) y casos graves. Se olvida de manera negligente que a las escuelas y a los centros de trabajo también asisten personas vulnerables o que conviven con otras que lo son.

Varios expertos destacados de la comunidad científica se oponen a esta propuesta, entre los que encontramos miembros del Consejo Científico Asesor de Catalunya. Oriol Mitjà afirma que 'no hay nadie al timón', Salvador Macip denuncia que Europa va detrás de la estrategia del Reino Unido, y Àlex Arenas califica la medida de un "grave error con un virus tan transmisible".

Ayer mismo, la revista Nature denunciaba en una editorial la falta de evidencia científica que respalde la decisión española, y advertía en tono muy duro de que esta estrategia puede tener “consecuencias desastrosas”:

'Nature' critica la reducción de test y datos de la covid: "Puede tener consecuencias desastrosas" - NIUS (niusdiario.es)

Paradójicamente, ninguno de los grandes partidos políticos estatales ha mostrado objeción alguna en esta polémica. Esto pone de manifiesto, una vez más, la enorme distancia que existe entre las fuerzas políticas y la comunidad científica, que ni siquiera es consultada en un tema de tal envergadura. Buena parte de la población también se opone a ello, lo que demuestra la absoluta falta de representatividad de nuestro sistema político.

(Traducción del catalán y ampliación actualizada de la entrada publicada ayer)