El impacto sobre España de los fondos europeos
Los objetivos declarados por la UE con estos fondos son tres: aceleración de la economía, impulso de la transformación digital y consolidación de la transición ecológica. Así pues, en la declaración de intenciones figuran explícitamente temas de un profundo calado, más allá del puro crecimiento económico, como son la adaptación a las tecnologías de la nueva era digital y la manera en la que se procede a afrontar los retos derivados de la emergencia climática. Tendremos que estar muy atentos para saber cómo se coordinan todas estas políticas a nivel del conjunto de la UE, sobre cómo se concreta la declaración de intenciones de la 'transición ecológica'.
En junio de 2021, la Comisión Europea dio el visto bueno al Plan "España puede", denominación bajo la que se conoce el "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” presentado por el gobierno español. El objetivo fundamental del mismo es conseguir la totalidad de los 140.000 millones puestos a disposición del país. La estrategia gira en torno a cuatro grandes ejes: transición verde, digitalización, cohesión social y territorial, e igualdad de género. Por consiguiente, se añaden dos temas de gran importancia a los enunciados por la UE, como son la lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres, y conseguir una mayor equidad en la distribución de la riqueza, tanto a nivel personal como territorial. Como siempre, habrá que ver cómo se van concretando estos objetivos.
En agosto de 2021, la UE proporcionó a España un adelanto de 9.000 millones, la única parte del total que no está sujeta a ninguna condición. En diciembre se recibió una remesa de 10.000 millones más, siendo el primer país europeo en conseguir esta liquidez, pero en este caso supeditada a cumplir un total de 52 "hitos" asociados al Plan de Recuperación antes mencionado. Europa considera que España ya ha cumplido (o se encuentra en vías de conseguirlo) estas metas, que se concretan en un conjunto de reformas, las más importantes de las cuáles explico a continuación.
Primero, la modernización de la Administración, que incluye la reducción de la temporalidad en el sector público. De ahí viene la controvertida ley aprobada a finales de 2021 para clarificar el carácter temporal de la figura de los interinos, y por ende intentar favorecer el acceso de los mismos a un puesto de trabajo de carácter indefinido.
Segundo, las reformas de carácter fiscal, que tienen la finalidad de alcanzar un sistema más justo y con mayor capacidad de recaudación. Se incluyen medidas como la introducción de la tasa digital, el gravamen sobre las transacciones financieras, modificaciones a corto plazo en el impuesto de sociedades, cambios en otros impuestos indirectos y la armonización de algunos tributos cedidos a las Comunidades Autónomas.
Tercero, las reformas en el ámbito laboral, que incluyen la regulación del teletrabajo, la normativa para reducir la brecha salarial de género, la entrada en vigor del plan de acción contra el desempleo juvenil o la reducción en la temporalidad. Es evidente que la guinda del pastel en este asunto es la reforma laboral recientemente aprobada en sesión plenaria valleinclanesca del Congreso.
Cuarto, las reformas en las pensiones. Los 10.000 millones actuales han sido condicionados a una primera parte de medidas consistentes en la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, la revisión de las bonificaciones de los planes individuales, el incremento de la cuantía de las pensiones (en términos nominales) y la introducción de un aumento transitorio en las cotizaciones.
Finalmente, también hay otras medidas interesantes como la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, la estrategia de descarbonización hasta 2050, la hoja de ruta del hidrógeno, la estrategia de la economía circular, el plan de digitalización de pequeñas y medianas empresas, y la estrategia nacional de inteligencia artificial.
En el campo de las inversiones, el gobierno plantea planes estratégicos en seis terrenos: el coche eléctrico, el hidrógeno de origen verde, la industria aeroespacial, la agricultura sostenible y eficiente, el uso del español en la inteligencia artificial, y un sistema nacional de salud de calidad. Para llevarlas a cabo, el gobierno confía en los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica).
Otro asunto bien diferente es la aplicación de estos fondos y su reparto entre las diferentes Comunidades Autónomas, tema que como sabemos siempre es fuente de conflictos políticos y disputas territoriales. En este sentido, sería bueno que el gobierno de España estableciera una total transparencia en la información sobre la distribución y la aplicación concreta de los 'Next Generation'.
Otro aspecto clave es el de la transparencia sobre todas las condiciones concretas que la UE plantea con el fin de recibir los fondos restantes. Esto es especialmente crítico en materia de pensiones, en el que ya ha habido problemas a la hora de conocer las peticiones exactas realizadas por Europa, especialmente para la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Esto no debería ser problemático si entendemos que las pensiones no peligran en absoluto si se procede a un reparto equitativo de las ganancias de productividad, pero ello equivale a tratar un tema de fondo bastante más espinoso, como es el de la distribución de la riqueza. No me extenderé sobre esto porqué ya la he tratado en diferentes ocasiones, pero sí escribiré unos últimos apuntes sobre el reparto de la riqueza.
Según datos de la UPF (Universitat Pompeu Fabra), el porcentaje de población sin ingresos (antes de ayudas públicas) en el mes de agosto de 2021 era del 26,6%, pero gracias a las transferencias disminuyó hasta el 13,2%. También se ha conseguido reducir el porcentaje de personas con menos de 1.000 € mensuales (del 25,9% antes de ayudas al 15,7% tras las mismas). Por tanto, la pobreza y las desigualdades se han incrementado en España durante la pandemia, sobre todo en las fases de mayor incidencia del virus. Por fortuna, las políticas sociales del gobierno han amortiguado bastante el impacto de la pobreza, aunque sin conseguir erradicarla.
Como sabemos, la inflación en España se está disparando, por culpa del aumento del margen de beneficio en sectores como el eléctrico. De ahí que Pedro Sánchez acabe de llamar a la contención de los incrementos salariales y de los márgenes empresariales. Desde mi punto de vista, es un error apelar a la moderación salarial en un momento de incremento de las desigualdades, y la solución debería centrarse en un control de precios que ya hemos visto que se antoja difícil, pero que tal vez acabe siendo imprescindible si no queremos añadir a la pandemia el impacto del conflicto bélico en Ucrania. De hecho, los incrementos salariales no ocasionan la inflación, simplemente son la respuesta a la misma para evitar la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora. Si se quiere contener la inflación, hay que atacar sus causas, y esto conlleva medidas intervencionistas en el momento actual.
Por todo lo anterior, se hace más necesaria que nunca una reforma fiscal decididamente progresiva, sobre todo si se quiere cumplir con el objetivo de la cohesión social y territorial. Veremos la opinión de Europa y probablemente tengamos otro tira y afloja entre PSOE, UP y el resto de partidos que deberían darle apoyo. Pero la concreción de todo ello ya la dejamos para otra ocasión.
Publicado en Debate Callejero, 14 de marzo de 2022
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